La Responsabilidad Empresarial Social: ¿Una obligación o una opción?

Fuente: Blog Sin Legajo.

No es necesario ser un erudito para dilucidar que el Estado es un sistema donde se relacionan e interactúan actores y agentes, los cuales desempeñan un rol específico para conseguir objetivos comunes en el sistema estatal. Hoy en día, es inevitable expresar que el Estado Peruano se encuentra en una crisis de institucionalidad, donde la burocracia es la que prima, puesto que provoca el retraso en el cumplimiento de funciones en las instituciones públicas; por esta ineficiencia, las políticas públicas que se establecen a favor de los peruanos son aplicadas parcialmente, ocasionando no solo el descontento en los mismos gobernantes –por no poder cumplir con su rol regulador y garantista de derechos humanos– sino también el de los ciudadanos –por no obtener los medios suficientes para poder conseguir el nivel adecuado de vida y sobresalir de su cotidianidad–. Por esta incapacidad de interacción entre los actores políticos (funcionarios públicos), ciudadanos, burócratas, y agentes económicos privados (empresas) se origina la  actuación estatal ineficaz, la cual ésta a su vez ocasiona conflictos que trascienden concretamente en lo social, y donde se hace notorio el perjuicio a los ciudadanos, ocasionando que se sientan excluidos del sistema estatal. 

Si bien es cierto, el problema se focaliza en la relación de ciudadanos y gobernantes, en donde los primeros demandan –de forma desproporcionada– al Estado que satisfaga –in ictu oculi– sus necesidades e intereses, resuelva sus disconformidades, quejas e insatisfacciones colectivas; sin embargo, éste también logra involucrar a los agentes económicos privados, ya que estos al realizar inversiones –para ejecutar proyectos en el país– terminan tomando partida de los óbices estatales; en otras palabras, cuando se establece una empresa privada, ya sea nacional o internacional, son los ciudadanos quienes le hacen llegar sus demandas y les atribuyen la causa de todos sus problemas, excluyendo de toda responsabilidad al Estado. Por lo expuesto, al parecer el panorama del déficit de actuación del Estado está despejado, no obstante, surge tácitamente una incógnita de fondo, la cual nos concierne tratar por su relevancia en los límites de los roles de los agentes y actores en el sistema estatal: ¿Es obligación de las empresas privadas satisfacer las necesidades e intereses de la población que habita en la zona donde se ejecutan los proyectos? A continuación se esclarece dicha cuestión.

Actualmente, la población peruana no se siente salvaguardada por el Estado, percibe una incapacidad de actuación por parte de éste, la cual se ve plasmada en los incesantes problemas suscitados en los sectores como: salud, educación, infraestructura, empleo y servicios públicos. Es por ello que, busca amparo en las empresas privadas, en las cuales deposita todas sus esperanzas para la solución de sus problemas colectivos. Sin embargo, es de pleno conocimiento que el Estado Peruano ha implementado una economía social de mercado, en otras palabras, es deber de éste realizar una gestión óptima de recursos en estos sectores, para contribuir con el progreso social y el desarrollo de sus habitantes; es por ello, que no le correspondería a las empresas cubrir con las necesidades de una determinada comunidad. 

Por otro lado, cabe hacer hincapié que en toda empresa existen dos ámbitos que delimitan su nivel de actuación, uno externo y el otro interno, el primero de ellos es conocido como la Gobernabilidad, en ésta la empresa equilibra las demandas sociales con su capacidad eficaz, legítima y legal para atenderlas; y este último, la Gobernanza, en el que se manifiesta la forma de conducción y desempeño de la empresa, de ésta depende la toma de decisiones, la optimización de recursos, su productividad, su fortalecimiento institucional, y sobre todo que se concreticen políticas institucionales internas sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Abarcar todo el contenido de un tema tan particular como es el de la RSE sería innecesario e intrascendente para responder la cuestión planteada en párrafos anteriores, es por ello que, en términos sencillos y a grosso modo sería definida como "aquel compromiso  asumido por la empresa con el entorno y contexto que se presenta en su área de intervención". Al respecto, es menester mencionar que en el año 1991, el Dr. Archie B. Carroll, planteó una pirámide en la cual distinguía a cuatro RSE: filantrópicas, éticas, legales y económicas; todas ellas justificadas en el desarrollo sostenible. Para ir aclarando la pregunta directriz, podemos dilucidar por lo mencionado, que las empresas entre sus amplia gama de alternativas de RSE, puede optar por considerar la responsabilidad filantrópica, con el fin de establecer una relación armoniosa, estable y tolerante con la comunidad, ya que esta comprende acciones adicionales de apoyo que contribuyen a la elevación del nivel de la calidad de vida de un determinado grupo de ciudadanos. 

Es innegable manifestar que la RSE tiene beneficios directos en la misma empresa como: la optimización de su competitividad, mejora de su productividad e imagen; pero hasta cierto punto resulta ser considerado como positivo, ya que con posterioridad se torna en un efecto contrario a lo esperado, prueba de ello es el caso entre una empresa minera y una comunidad, donde esta empresa transnacional –para tener una mejor interacción con la población– construyó carreteras, centros educativos, centros de salud, hizo donaciones pecuniarias y en especies para albergues, asilo de ancianos, festivales, aniversarios, fiestas populares, entre otros –a pesar de realizar el pago respectivo de sus impuestos (el canon)– ello trajo como consecuencia que los pobladores recurran constantemente a sus instalaciones a solicitar apoyo económico en pro de sus intereses y necesidades, y que el gobierno regional y municipal realice malversación de fondos. La empresa minera llegó a desempeñar algunas funciones que le correspondían al Estado, convirtió su relación con dicha población en un clientelismo; cuando la empresa minera dejó de otorgar dinero para la ejecución de proyectos sociales que demandaba la población, ésta rápidamente se manifestó en su contra, retirándole todo el apoyo en la ejecución de sus proyectos de inversión en la zona implicada, de esta forma dañando su imagen y obstaculizando sus actividades, lo cual originó disminución en su productividad y competitividad. Es por ello que, la RSE se transformó en un punto de quiebre significativo en la relación entre la comunidad y dicha empresa, sencillamente en una paradoja irracional.

De acuerdo a la pregunta planteada inicialmente, la respuesta que se colige es que las empresas privadas no tienen la obligación de contribuir con la satisfacción de necesidades e intereses particulares de la población, dicho de otra forma, la Responsabilidad Social Empresarial es una opción que puede escoger una empresa si desea estrechar lazos con la comunidad que se encuentra en la zona de la ejecución de su proyecto, las empresas cumplen con invertir en el país, brindar empleo, y por ende, con pagar sus impuestos, por ello no tienen el imperioso compromiso de realizar permanentemente acciones de apoyo social.

Por último, es obligación del Estado realizar una gestión y fiscalización eficiente, adecuada y eficaz de recursos públicos a sectores como: educación, salud, trabajo, infraestructura, entre otros; los cuales contribuyan al bienestar integral de sus ciudadanos. El Estado debe fortalecer su institucionalidad a través de la designación específica de roles a los actores políticos, civiles, agentes económicos privados y burócratas para la consecución de objetivos colectivos; mejorar su intervención pública mediante la toma de decisiones gubernamentales razonables; evitar a toda costa estar ausente en donde lo necesitan para que no obstruya el dinamismo del sistema estatal; seleccionar un sistema de distribución eficiente de recursos que evite incurrir en costos infructuosos de ejecución para cumplir con las demandas de la población, para ello puede optar por el contrato fideicomiso –el cual sería el más conveniente– ya que designa a una entidad bancaria para la administración de un patrimonio autónomo en la ejecución de proyectos públicos y/o mejoramiento de servicios sociales en un plazo determinado.

Asimismo, los ciudadanos no deben aprovecharse de la incapacidad de actuación del Estado, no pueden otorgarle toda la culpa por sus problemas y demandar impetuosamente la solución de éstos, peor aún, atribuirle responsabilidad a las empresas privadas por la insatisfacción de sus demandas particulares; es cierto que en el Perú se ha implementado un sistema democrático representativo, pero ello no significa que los ciudadanos están exentos de participar en el sistema estatal, ellos con el poder que posee deben de optar por un sistema democrático participativo, es decir, dejar de ser clientes y convertirse en gestores autónomos de cambio.