Ciudadanos sin vendas en los ojos: Mecanismos de participación ciudadana en tiempos de COVID-19

Fuente: Blog Sin Legajo.

Publicado: el sábado 11 de junio de 2020, por el Diario Panorama Cajamarquino. 

A inicio del año 2020 quién hubiera dicho que un virus microscópico, desconocido y foráneo sería capaz de dar un giro de 360° a la vida de los ciudadanos peruanos. El COVID-19 llegó sin invitación al Perú, pero no con la finalidad de hacer “turismo” sino para “nacionalizarse”, y es que al parecer nuestro país sigue siendo un destino tan cautivador, afable y generoso que no pudo negarse a dar acogimiento a quien tocó su puerta. El COVID-19, encontró al Perú con fallas estructurales, tales como: el sistema de salud colapsado, de educación con desigualdad en oportunidades y brecha tecnológica, de trabajo con más del 71.1% de informalidad (Diario Oficial El Peruano, 2020), de pensiones desnaturalizado como un ahorro obligatorio a corto plazo, entre otros; y es que este status quo ha sido el resultado de otros problemas como: la corrupción, la centralización, la implementación de políticas públicas y promulgación de leyes contrarias a la realidad, y de una convivencia con individualismos.

Por lo mencionado, a prima facie, pareciera que la responsabilidad de ello debería ser atribuida solo a nuestros funcionarios públicos, entre ellos: el Presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes, etc.; sin embargo, para conocer la otra cara de la moneda, debo hacer mención al artículo 31 de la Constitución Política de 1993, el cual establece que los ciudadanos pueden involucrarse en el bien común no solamente mediante el ejercicio de su derecho a ser elegidos y elegir, sino también a través de la presentación de proyectos legislativos, rendición de cuentas, vigilancia ciudadana y presupuesto participativo; cabe señalar que, estos derechos con el transcurso del tiempo se han convertido en deberes (dicotomía derecho-deber) debido a la transición de un sistema democrático representativo a uno participativo. De ahí que, los ciudadanos han adquirido responsabilidad sobre los problemas públicos –no se los puede eximir de esta– por lo que su apatía por el bien común también debería ser considerada como la causa de los problemas estructurales (afectación de derechos fundamentales). Es menester traer a colación una conocida frase “así como miden con una vara así también deben ser medidos con la misma”.

Ahora que el COVID-19 ha forzado el cambio, corresponde a los ciudadanos adaptarse a una sociedad digital, es así que para que cumplan con sus deberes, se les exige adquirir y desarrollar conocimientos y capacidades en tecnología de la información y comunicación –si en un comienzo se veía futurista se convirtió en un presente innegable– es así que deben dejar de lado sus límites personales que los hacen ser reacios al aprendizaje nuevo y otorgar un poco de tiempo para inmiscuirse y solucionar los óbices estatales; como ha sido relegada la presencialidad a un segundo plano, es momento de cumplir con los deberes haciendo uso de plataformas virtuales que proporcione el Estado. Para coadyuvar con este fin, los funcionarios públicos deberán involucrarse posibilitando los medios, para ello tendrán que modernizar la infraestructura de telecomunicaciones no solo en las zonas urbanas sino primordialmente en las zonas rurales, dando preminencia para su utilización a los sectores de salud, educación y trabajo; promover una eficiencia del mercado tecnológico a través del cumplimiento del derecho de libre competencia y protección al consumidor; habilitar el acceso a plataformas digitales del Estado no solamente en idioma castellano sino también en quechua, aimara, etc., y extender sus servicios digitales (realización de trámites y acceso a la información) a los mecanismos de participación ciudadana (presentación de proyectos legislativos de iniciativa ciudadana y rendición de cuentas en formato virtual), ello debe ir acompañado de una capacitación especializada y libre.

Esta oportunidad de modernización que da el COVID-19 para cohesionar voluntades mediante la tecnología, no debe ser desaprovechada. Es momento que los funcionarios públicos transparenten sus actos y sinceren su relación con los ciudadanos, y que los ciudadanos comiencen hacerse cargo de la situación pública y dejen de sentirse ajenos a la problemática siendo más propositivos sobre las reformas estructurales.

Próximos a cumplir el tercer mes de aislamiento social, solo me queda expresar que el COVID-19 ha sido aquel que nos ha quitado la venda de los ojos sobre la nefasta situación pública que atraviesa el Perú, ahora depende de nosotros como ciudadanos escoger entre mantener los ojos cerrados o abrirlos de una vez para accionar a favor de una causa común que es un progreso igualitario y sostenible que tenga como prioridad los derechos fundamentales; como menciona el Dr. José Ugaz (Exprocurador ad hoc en el Caso Fujimori y Montesinos)  para solucionar los problemas estructurales del Perú “se necesita un liderazgo ético al más alto nivel que dé ejemplo de coherencia entre lo que se dice y hace”, qué mejor manera que ese liderazgo ético empiece por los ciudadanos cumpliendo con sus derechos y deberes haciendo uso de los mecanismos de participación mediante las tecnologías de la información y comunicación. El porvenir es incierto, empero, mantengamos la esperanza en que juntos saldremos de esta situación sombría y realizaremos un cambio perdurable.